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Argentina Irrigada: se incrementaría la superficie sembrada bajo riego en veinte provincias

Actualmente, solo alrededor del 4,3 % de las hectáreas implantas están bajo algún tipo de sistema de riego

El Plan Integral Argentina Irrigada podría incorporar 1,9 millones de hectáreas a la superficie irrigada con que cuenta actualmente la Argentina. La provisión de riego tecnificado comprendería 95 proyectos de infraestructura hídrica en 20 provincias.

La superficie agrícola bajo riego en Argentina sigue siendo relativamente limitada. Según datos provistos por el Censo Nacional Agropecuario 2018, solo 1 360 521 millones de hectáreas se encontraban irrigadas a esa fecha, lo que representaba el 4,3 % de las 31 899 871 hectáreas implantadas con algún tipo de cultivo. Del total de explotaciones agropecuarias censadas, sólo el 14,4 % tenían algún sistema de riego. El país tendría, entonces, aproximadamente el 95,7 % de su superficie cultivada bajo secano, es decir dependiente de las lluvias.

El World Resources Institute considera que la Argentina posee, en su conjunto, un riesgo intermedio de sequía, entendiéndose como tal la probabilidad de que éstas ocurran y que la población y sus bienes sean vulnerables a sus efectos. Sin embargo, este índice de riesgo pasa a ser alto en las principales zonas agrícolas.

En los últimos meses, la sequía golpeó una vez más la producción argentina. Con casi el 95 % de la superficie sembrada dependiendo exclusivamente de las lluvias, el país resulta altamente vulnerable a las contingencias del cambio climático.

Argentina se encuentra entre los primeros diez mayores exportadores de productos agrícolas del mundo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2022 el país exportó bienes por un total de 88 446 millones de dólares, de los cuales más del 50 % pertenecieron a los complejos exportadores agrícolas. Sin embargo, la acción del clima redujo drásticamente las proyecciones de 2023.

Las consecuencias productivas de la sequía en el país y en otras regiones del planeta demuestran que los países deben adaptarse a las contingencias del cambio climático impulsando, entre otras medidas, la agricultura bajo riego de forma sostenible y económicamente accesible.